Certeza para invertir, condiciones para crecer

Enríquez define la certeza como coherencia, gradualidad y proporcionalidad en el diseño e implementación de los cambios de política pública, no como inmovilidad regulatoria. Requiere una visión integral que evite contradicciones entre autoridades, transiciones ordenadas con plazos razonables para que las empresas adecuen procesos y sistemas, y una distribución proporcional de responsabilidades que reconozca la obligación del Estado de proveer los bienes y servicios públicos necesarios.

Propone aplicar estos principios en cinco ámbitos. Certeza jurídica, con reglas predecibles, cumplimiento de contratos y mecanismos eficaces de solución de controversias. Certeza operativa, vinculando la promoción de inversiones con la disponibilidad efectiva de energía, agua, infraestructura, logística, conectividad y seguridad. Certeza regulatoria, con trámites simples y digitalizados, criterios homogéneos y plazos definidos. Certeza fiscal, con fiscalización técnica y basada en riesgos y devoluciones con plazos previsibles. Certeza aduanera, con procedimientos ágiles y criterios uniformes. Añade una política de proveeduría que identifique insumos demandados y capacidades existentes, acompañe a las pymes a cerrar brechas de tecnología, calidad, certificaciones y talento, y las conecte con empresas tractoras, con banca de desarrollo, banca comercial y empresas ancla compartiendo riesgos mediante garantías y factoraje.